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Greenpeace publica un ranking de 14 multinacionales que demandan aceite de palma y advierte que todavía queda mucho camino para romper el vínculo entre producto y deforestación.

La expansión de las plantaciones de palma aceitera para suplir la demanda internacional de aceite de palma sigue siendo una de las principales causas de la destrucción de la selva de Indonesia. Dos años después de que las grandes corporaciones consumidoras de aceite de palma hicieran público su compromiso en la lucha contra la deforestación, Greenpeace ha evaluado el grado de cumplimiento de estos compromisos por parte de las 14 mayores multinacionales del mundo.

Las conclusiones de esta evaluación muestran que sólo unas pocas empresas están dando pasos significativos para garantizar que no hay deforestación en su cadena de suministro de aceite de palma y la mayoría se están moviendo de manera muy lenta. Si bien no son muchas las diferencias, ninguna de las empresas puede todavía garantizar que el suministro de aceite de palma no está vinculado a la deforestación. La peor valoración la reciben Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson y PepsiCo, que han demostrado un grado de cumplimiento muy pobre, y que no pueden cumplir las promesas que hicieron a sus clientes y a los consumidores. El aceite de palma es un aceite muy utilizado en gran cantidad de productos de consumo de uso diario, como la pasta de dientes Colgate, la crema de manos Neutrogena o los nachos Doritos.

"El aceite de palma forma parte de gran cantidad de productos de uso cotidiano, por lo que estas grandes marcas tienen la responsabilidad de asegurar a los consumidores que no están colaborando con la deforestación. El aceite de palma se puede cultivar de manera responsable sin destruir los bosques y sin perjudicar a las comunidades locales o destruir las poblaciones de orangutanes y otros animales" [1], ha declarado el responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace España, Miguel Ángel Soto.

Indonesia ha perdido 31 millones de hectáreas de selva tropical desde 1990, una superficie del tamaño de Alemania. La industria del aceite de palma es la principal causa de la deforestación en Indonesia [2], que a su vez es una amenaza importante para los animales en peligro de extinción que viven allí, como los orangutanes.

Open flames on dry tree branches in an area of recently deforested peatland in the PT Rokan Adiraya Plantation oil palm concession.

"La gente debería ser capaz de limpiarse los dientes o tomar unos nachos sin necesidad de colaborar con la extinción de los orangutanes. En este sentido, las empresas PepsiCo, Colgate-Palmolive y Johnson & Johnson están decepcionando a los consumidores. Deben esforzarse más para limpiar su cadena de suministro de aceite de palma y garantizar que sólo compran a proveedores que están protegiendo los bosques tropicales " ha añadido Soto.

La deforestación para la expansión de plantaciones de aceite de palma fue una de las causas que provocaron la crisis de incendios forestales que asoló Indonesia el año pasado. La estimación del coste económico de este desastre es de 16 millones de dólares y la extensa nube de humo afectó a millones de personas, no solo de Indonesia, sino también de la vecina Malasia y Singapur. Los datos del gobierno de Indonesia hablan de más de 500.000 personas que sufrieron enfermedades respiratorias agudas como resultado del humo. Los incendios fueron también una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero: en muchos días durante octubre y noviembre, las emisiones procedentes de los incendios forestales superaron el promedio diario de las emisiones procedentes de la economía de Estados Unidos.

Orangutan sanctuary Wanariset Samboja, threatened by forest fires, Indonesia    (Annual Report 1998 page 11)

Para evitar que una nueva crisis de incendios se produzca este año 2016, Greenpeace ha pedido a las compañías consumidoras de aceite de palma que tomen medidas inmediatas para proteger los bosques.

El resultado del ranking de Greenpeace a las 14 mayores empresas revela que ninguna de las empresas evaluadas es capaz de asegurar con certeza que no hay deforestación en su cadena de suministro de aceite de palma. La mayoría de las empresas no pueden ni siquiera decir qué parte de su aceite de palma proviene de proveedores que cumplan con sus propias normas de suministro. Además:

● Sólo una de las 14 empresas está en condiciones de conocer el origen (donde se cultiva) del 100% de su aceite de palma.

● La mayoría de las empresas todavía están pendientes de una verificación independiente que demuestre que su aceite de palma es producido por empresas que operan en el cumplimiento de sus propias políticas de no deforestación.

● Ninguna empresa ha publicado una lista completa de sus proveedores de aceite de palma, aunque algunas han hecho público el nombre de sus principales proveedores.

● Ninguna empresa ha publicado una lista de proveedores a los que han dejado de comprar aceite de palma a causa del incumplimiento de sus políticas de no deforestación.

 

Desde 2011 hasta la actualidad, la financiera BBVA ha financiado con 294,8 millones de euros a siete de las principales empresas militares españolas, según un estudio elaborado por el Instituto Delàs d’Estudis per la Pau, activistas de la Campaña BBVA sin Armas, impulsada por este centro y Setem

El mayor monte ha ido destinado a la empresa Maxam, una gran multinacional española, antes llamada Unión Española de Explosivos, que tiene en su consejo de administración a nombres como el de Santiago Bergareche Busquet –también consejero de Vocento– o Jaime Carvajal Urquijo, de Ford España y Ericsson. Entre 2011 y 2015, BBVA destinó más de 200 millones de euros a esta empresa en créditos y préstamos.

Navantia, con 81 millones en préstamos y créditos, es la segunda empresa armamentística que más dinero recibió del BBVA durante ese periodo, seguida de Indra (4,9 millones en préstamos y un millòn más en bonos); Sener (2,3 millones en préstamos y créditos) y Oesia (500.000 euros). Santa Bárbara (144.000 euros) y EADS (110.000 euros) también figuran en la lista de empresas que han recibido financiación de la entidad financiera.

Sigue el apoyo al armamento nuclear

Según señala el comunicado del Instituto Delàs, entre 2011 y la actualidad continuó el apoyo que el BBVA venía dando a la industria armamentística nuclear. El centro cita el informe Don’t bank on the bomb, de la ONG internacional Pax, en el que se muestra que el BBVA ha destinado, entre 2011 y 2015, hasta 2.820 millones de euros a empresas que fabrican, experimentan o tienen relación con el arsenal nuclear. Entre las empresas financiadas: Aecom, General Dynamics o Jacobs Engineering. Otras financieras españolas que aparecen en el informe son Sabadell (26 millones de euros) y Santander (1.490 millones).

Ninguno de los presidentes de ACS, FCC, Acciona o Ferrovial ha sido imputado en los diversos casos de corrupción. Gürtel, Pujol, Acuamed... Los contratos públicos se encuentran en el epicentro de estas tramas.

Toda una década al banquillo. Las grandes empresas supervivientes del boom del ladrillo figuran como implicadas en los grandes casos de corrupción de los últimos años: Gürtel, Púnica, Pujol o Palau son algunas de las causas donde figuran las principales constructoras del Ibex-35.

Sin embargo, ninguno de sus presidentes ha sido procesado en las causas que se instruyen en los diversos juzgados y tribunales de España, en especial en la Audiencia Nacional.

Los detenidos en las operaciones suelen ser los segundos ’espadas’, directores generales o presidentes de filiales. Pero las investigaciones nunca salpican a los presidentes de las grandes constructoras, que aún forman parte del Ibex-35. Las corporaciones suelen crear cortafuegos para evitar que sus consejos de administración se vean salpicados por los escándalos de corrupción.

Sacyr, prescrito

Tan sólo Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, figuró como investigado por el escándalo de la caja B del PP, -descubierto con los papeles del ex tesorero Luis Bárcenas- pero no fue procesado por donar 480.000 euros a dicho partido porque el delito había prescrito.

La última operación, centrada en la sociedad pública Acuamed, desvela la trama tejida entre las empresas constructoras de grandes obras hidráulicas y los contratos públicos supuestamente fraudulentos, como son los casos de FCC, Acciona, Befesa (filial de Abengoa), Sogecosa y Altec (actual Altyum).

Entre los detenidos que declaran este miércoles ante el juez central de instrucción Eloy Velasco se encuentran el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado Fernández, y el director general de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente Pelegrini.

FCC: comisiones y supuestas mordidas

La empresa FCC ya ha sido involucrada en otras investigaciones que se realizan en la Audiencia Nacional, como la trama de la Operación Púnica (de supuestos sobornos a políticos autonómicos y locales a cambio de adjudicaciones públicas); así como en la pieza separada que investiga la Caja B del PP dentro de los papeles de Luis Bárcenas, extesorero de este partido y el caso abierto sobre los negocios de Jordi Pujol Ferrusola.

Sin embargo, ni el magnate mexicano Carlos Slim ni Esther Koplowitz han declarado nunca por los escándalos de su empresa FCC. La compañía suele apartar a los directivos imputados en los sucesivos escándalos.

Así ocurrió con uno de los antecesores de Miguel Jurado, José Mayor Oreja, quien presidió FCC Construcción entre 2001 y 2013. El nombre de Mayor Oreja, hermano de Jaime Mayor Oreja, ex europdiputado y el exministro del Interior del Gobierno de José María Aznar, aparecía en los papeles de Bárcenas, junto a dos supuestos pagos por un total de 165.000 euros a dicho partido.

FCC es una de las grandes adjudicatarias de obras públicas, pero Mayor Oreja no fue procesado porque nadie ha podido demostrar que estas donaciones de la empresa al PP fueran finalistas; esto es, que hubieran consistido en un cohecho por un pago a cambio de una adjudicación concreta. Mayor Oreja cesó en 2013 y fue sustituido por Fernando Moreno quien ocupó el cargo durante una breve transición -se jubiló en septiembre de 2014- para dar paso a su director general, Miguel Jurado, como presidente.

FCC Construcciones también es investigada en la Audiencia Nacional por supuestas comisiones ilegales pagadas a Jordi Pujol Ferrusola a cambio de supuestas labores de asesoría. La compañía pagó 710.000 euros en 25 transferencias a través de una sociedad interpuesta (Brandtrigde Holdings Limited) entre los años 2006 y 2009.

Dicha compañía aparece además en el ’caso Innova’, centrado en la construcción del Hospital de Sant Joan de Reus y en el que aparecen como investigados (antiguos imputados) los últimos responsables del Servicio Catalán de la Salud, así como por el intento de soborno a concejales del ayuntamiento de Xàbia por la contrata del servicio de basuras, entre otras causas abiertas.

Los supuestos sobornos y amaños de Acciona

Acciona, cuyo director general de la rama de Infraestructuras, , Justo Vicente Pelegrini, ha sido detenido por el caso Acuamed, también aparece en otros casos de supuesta corrupción política. sin que haya salpicado a su presidente, José Manuel Entrecanales.

Dos altos directivos de Acciona están a punto de ser procesados por el ’caso Plaza’, sobre la construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza, por supuestos sobornos y amaños de contratos públicos que comportaron una supuesta desviación de 365,58 millones de euros.

En esta causa, la administración autonómica acaba de solicitar para los altos cargos de la UTE formada por Acciona-MLN José María Jordán y Miguel Ángel Bretón un total de 14 años de prisión para el primero y de 7 años de cárcel para el segundo. Para el ex director de la obra de Plaza, Miguel Ángel Pérez, ha solicitado una pena de 6 años por malversación.

ACS y las tramas sin fronteras

Otro presidente, Florentino Pérez (ACS), acudió como testigo a declarar en la Audiencia Nacional dentro del sumario de la Operación Púnica, sobre supuestos sobornos a políticos a cambio de contratos públicos. En este caso, declaró ante el juez por pagar 300.000 euros para un servicio de posicionamiento en redes sociales al conseguidor de la trama Alejandro de Pedro.

A Florentino Pérez no le gustaron las preguntas del instructor, Eloy Velasco, pero accedió a responderlas después de que el magistrado expusiera con cierta ironía que era su obligación hacérselas, porque era el juez. Entre ellas, se le preguntó si había financiado irregularmente al PP.

ACS aparece en los famosos papeles de Bárcenas porque habría pagado 30.000 euros para financiar la reelección de Manuel Fraga como presidente de la Xunta de Galicia.

Entre las 23 empresas que aportaron dinero al PP se encuentran Aldesa, AZVI, Construcciones Rubau, Constructora Hispánica, FCC, Grupo Bruesa, Grupo José Antonio Romero Polo, Mercadona, OHL, Sacyr y Sando.

Las tramas no conocen de fronteras y se extienden por toda España. ACS y su presidente han salido indemnes de varios casos de corrupción, pero no así sus directivos.

La empresa ACS figura en el centro de la investigación judicial sobre la autorización que le permitió construir la plataforma de gas Castor (en Castellón) sobre una falla activa. El fiasco de Castor, que ocasionó mil terremotos y que costará a los consumidores españoles la friolera de 4.000 millones de euros, es investigado por un juzgado de Vinaròs y ha sido abierta por los supuestos delitos de prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

El presidente de la empresa concesionaria de Castor (Escal UGS), Recaredo del Potro, ha declarado en la causa que los terremotos sean debidos a las inyecciones de gas, sino que representaron "una coincidencia en el tiempo con la inyección de gas".

OHL y los casos ’Son Espases’ y México

Juan Miguel Villar Mir, presidente de la constructora OHL, tampoco ha sido procesado por ninguna causa de corrupción. Sus supuestas donaciones a la Caja B del PP en el caso de los papeles de Bárcenas han prescrito, al igual que en el caso del anterior responsable de Sacyr-Vallehermoso, Luis del Rivero.

OHL está salpicada en el ’caso Son Espases’ que investiga el juez de instrucción de Palma José Castro sobre la construcción del mayor hospital de Baleares con dicho nombre.

Como si fuera un racimo de uvas, esta causa ha abierto una vía de otra supuesta trama de corrupción en Cádiz, donde aparecerían implicados funcionarios locales y directivos de constructoras por la adjudicación de la red de alumbrado público y las señales de tráfico.

Además, directivos de la filial en México de OHL aparecen en unas conversaciones grabadas sobre supuestos sobornos a altos funcionarios del Estado de México para la concesión de obras públicas en el país, donde la constructora se instaló en 2003. OHL México ha presentado denuncia por las supuestas grabaciones ilícitas.

Ferrovial y el ’caso Palau’

Otra constructora del Ibex-35, aparece vinculada al caso Palau: Ferrovial, cuyo directivo Pedro Buenaventura y Juan Elizaga se sentarán en el banquillo por supuestas mordidas a través del Palau de la Música al que la constructora realizaba generosos patrocinios.

Según el escrito de acusación del fiscal, Fèlix Millet y Jordi Montull se apropiaron de fondos públicos y privados del Palau de la Música de Barcelona y crearon un "entramado delictivo" junto a Ferrovial y cargos convergentes para la "financiación ilícita" de CDC por medio de la adjudicación de obras públicas, como la Ciutat de la Justícia y la línea 9 del metro de Barcelona. La cuantía de la supuesta financiación asciende a 5,1 millones de euros.

Los Sumarroca y el 3%

Otro caso que salpica a una constructora es la famosa causa del 3% que investiga el juez de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch Mitjavil. Está centrado en la supuesta financiación irregular de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC).

La empresa Teyco, de la familia Sumarroca, es investigada por donar casi 370.000 euros a Fundació Catalanista i Demòcrata (Catdem) y Fórum Barcelona, ambas vinculadas a CDC, así como a la Fundación independentista Òmnium.

En este caso, el consejero delegado de Teyco, Jordi Sumarroca, es la excepción ya que figura como imputado en la causa. La constructora ha negado cualquier pago irregular a CDC.

Las constructoras de los Sumarroca fueron las que más adjudicaciones de contratos de obras públicas recibieron durante la etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat catalana. Esta familia está muy vinculada a la de los Pujol, que son investigados por la Audiencia Nacional por formar parte de una supuesta organización de corte criminal.


Martes, 23 Febrero 2016 22:08

Visita a Astra

Sumaconcausa, junto con otros otros colectivos que participamos en el proyecto de www.lacosa.org en Iruña, hemos ido hasta Guernika para visitar el proyecto Astra . Antigua fábrica de armas transformada en fábrica social para la creación de cultura, para la transformación social y en un espacio abierto para la interacción y para la experimentación. Aquí podéis ver el vídeo de la visita. !!Muy muy recomendable!!.

Una de las niñas bonitas del Ibex 35, principal índice de la bolsa española, y uno de los gigantes económicos españoles, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), ha sufrido un duro golpe con la explosión de la trama Acuamed. El penúltimo caso de corrupción es uno más en el que las tres letras que nombran la empresa aparecen, pero es el único en este momento por el que un directivo de la empresa –Miguel Jurado, presidente de FCC Construcción– está siendo investigado por un posible delito de cohecho, tras el sobreseimiento de la imputación –investigación según la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal– de José Mayor Oreja, que también ocupó el cargo de presidente de FCC Construcción. Echamos la vista atrás para hacer un repaso a la historia de FCC y sus relaciones con la Administración.

Fomento de Construcciones y Contratas nació como tal en 1992 como fusión de dos grandes empresas que crecieron durante el régimen franquista: Construcciones y Contratas, y Fomento de Obras y Construcciones. En ambas se desarrollaría un proceso de puertas giratorias que seguiría hasta hoy.

“El holding Construcciones y Contratas fue un juguete en manos del clan de El Pardo”, escribe el periodista Mariano Sánchez Soler en su libro Los Franco S.A., obra en la que analiza el imperio empresarial que surgió alrededor de Francisco Franco. Este emporio acumuló más de medio centenar de empresas y entidades financieras que, en 1973, sumarían más de 100.000 millones de pesetas en capital escriturado. Sán­chez Soler relata cómo Ernesto Ko­plowitz, fundador de la empresa, se casó en 1952 con Esther Romero de Juseu, una íntima amiga de Car­men Polo, con la que tendría dos hijas: Esther y Alicia.

A partir de aquí comienzan a llover las grandes contratas públicas, como la concesión en exclusiva del alumbrado y alcantarillado de Madrid. También las puertas giratorias entre el régimen y el consejo de administración de la empresa, con la entrada del mar­qués de Villaverde –Cristóbal Martínez-Bordiú, yerno del ‘generalísimo’–; el subsecretario de Obras Públicas, José María Rivero de Aguilar, o el director del Instituto de la Moneda Extranjera, Alejandro Bermúdez González. El capital de la empresa pasó de cinco millones de pesetas en 1952 a 2.000 millones diez años más tarde. Fue entonces cuando Koplowitz padre se cayó del caballo –literalmente–. Tras la muerte del empresario, el consejo de administración de Construcciones y Contratas seguiría siendo lugar de paso para nombres de la política, como José María Ruiz-Gallardón –padre del exministro–, quien después pasaría por Alianza Popular y por las Cortes como diputado por Zamora. También, vía matrimonial, ‘los Al­bertos’ –Alberto Cortina y Alberto Alcocer, hijos del exministro de Asun­tos Exteriores Pedro Cortina y de Alberto Alcocer, primer alcalde de Madrid, respectivamente–.

El otro germen de la actual FCC, Fomento de Obras y Construcciones (FOCSA), fundada en Barcelona en 1900, también acogería en su consejo de administración a conocidos nombres del régimen franquista antes de fusionarse con el legado Koplowitz, según detalla la obra de Sánchez Soler. En su caso, fueron el ‘cuñadísimo’ de Franco, Ramón Serrano Suñer, y su hijo Ramón Serrano Polo –sobrino de Franco– los hombres fuertes del régimen en las empresa, que ya en 1975 contaba con un capital escriturado de 3.000 millones de pesetas.

Puertas giratorias del siglo XXI

La política de puertas giratorias siguió en la ya actual FCC. 2001 comenzaría en la empresa con la llegada de José Mayor Oreja –hermano del exministro de Interior Jaime Mayor Oreja y persona encargada de hacer llegar los donativos ilegales al Partido Popular de parte de la empresa de Koplowitz– al cargo de presidente de FCC Construcción.

El tío del exministro, Marcelino Oreja Aguirre, también ministro de Asuntos Exteriores durante el Franquismo, le acompañó en el consejo de administración de la empresa. A la vez que Oreja, llegó al consejo de administración de FCC Construcción Abel Matutes, que hasta el año 2000 ocupaba el cargo de ministro de Asuntos Exteriores.

La lista de nombres de la política y la Administración que han pasado por FCC continúa. En 2010 entró como apoderado Eduardo González Gómez, presidente entre 2002 y 2008 del lobby Foro Nuclear y antes, entre 1987 y 1995, vicepresidente del Consejo de Seguridad Nuclear, organismo responsable de las centrales nucleares en el Estado y de la regulación en esta materia. González Gómez pasó después a presidir Aqualia y FCC Energía, cargos que ocupó hasta el pasado año. Dos años más tarde, en 2013, entró Fernando Caamaño de Aramburu, otro nombre relacionado con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en su caso asesor, quien desde julio de 2015, continúa como apoderado solidario de la empresa.

Montar un armario de Ikea tiene su arte. Diseñar un entramado de fundaciones y filiales en los países europeos más permisivos para ahorrarse 1.000 millones de euros en seis años en impuestos también tiene su aquel. El grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo presenta este viernes un informe demoledor contra la multinacional sueca, que se sirve de un complejo entramado de ingeniería fiscal para hacer lo que de un tiempo a esta parte es casi un deporte por parte de las grandes multinacionales estadounidenses y europeas: escapar del fisco.

El informe de 28 páginas denuncia que las filiales pagan al grupo con el único objetivo de reducir la factura en impuestos. Desde 1991 a 2014, Ikea usó una filial holandesa y otra luxemburguesa —dos de los pseudoparaísos fiscales de la UE— para evitar pagar a Hacienda vía Liechtenstein. Así se ha ahorrado 1.000 millones al menos entre 2009 y 2014. El escándalo Luxleaks reveló en noviembre de 2014 que hasta 350 multinacionales usan trajes fiscales a medida para pagar tipos fiscales efectivos que en ocasiones son inferiores al 1% y Bruselas ha puesto en marcha desde entonces una cruzada para evitar esa sangría, en un momento en el que los presupuestos de varios países de la eurozona están bajo presión y han obligado a acometer duros recortes. Al margen de la nueva legislación, la Comisión Europea está investigando a un total de 300 multinacionales por los trajes fiscales a medida en una veintena de países, incluida España, según explican a este diario fuentes comunitarias.

La fórmula ideada por Ikea incluye dos fundaciones secretas, filiales en cuatro pseudoparaísos fiscales (Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Liechtenstein) y un sistema que pivota sobre una subsidiaria en Holanda, precisamente el país que ostenta actualmente la presidencia rotatoria de la UE y que ha hecho de la lucha contra la elusión fiscal uno de los ejes de su mandato.

A través de los royalties a la filial holandesa, el pago de su factura fiscal se reduce desde un 35% en Bélgica al 64% en Francia: en España se ahorró 7,7 millones de euros en 2014 —con unas ventas ligeramente superiores a los 1.000 millones de euros— y en Alemania, donde más, 36,6 millones. Esa filial holandesa ha pagado a su vez grandes cantidades a una subsidiaria luxemburguesa por el uso de la marca Ikea. Así evita pagar impuestos en Holanda, y en Luxemburgo abona un pírrico 0,06% de sus beneficios. Finalmente, esas filiales pagan dividendos a una fundación secreta en Liechtenstein, por los que no paga un solo euro al fisco. Así, de 1991 a 2014 la compañía de muebles sueca eludió pagar el 84% de los 14.300 millones de ingresos por royalties, explica el documento.

Ernest Urtasun, eurodiputado de los Verdes, apunta que el de Ikea “es el caso paradigmático del uso por parte de las multinacionales de los agujeros fiscales que aún hoy se pueden encontrar en la Unión Europea, pese a la tensión evidente en las cuentas públicas de muchos países”. Bruselas puso en marcha en enero medidas para reducir al máximo el uso de esos entramados legales para eludir el pago de impuestos. “Pero el paquete legislativo presentado por la Comisión Europea”, denuncia Urtasun, “no es útil para casos como el de Ikea”.

Las Haciendas europeas, en fin, siguen siendo una suerte de queso gruyere para multinacionales como la sueca, con 175.000 empleados, 375 tiendas en más de 40 países y unas ventas anuales por valor de 33.800 millones. Ikea tiene varios expendientes abiertos por parte de la Hacienda española aunque los Verdes concluyen que España no es el caso más sangrante dentro del entramado de filiales del grupo.


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